La Defensora General Adjunta del Chaco urgió al Superior Tribunal de Justicia a integrar el tribunal que debe resolver la medida cautelar de asistencia al pueblo Wichí, mientras las comunidades del Impenetrable llevan más de una semana acampando en el acceso a Misión Nueva Pompeya bajo la consigna “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”. La causa judicial permanece sin resolución efectiva desde que el STJ aceptó revisar el fallo que revocó la orden de asistencia, en noviembre de 2025.
La crisis humanitaria que atraviesan las comunidades indígenas wichí del Impenetrable chaqueño volvió a la primera plana judicial esta semana, esta vez por vía de una presentación urgente de la Defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, quien alertó al Superior Tribunal de Justicia del Chaco que la situación en el territorio no solo persiste sino que se agravó, y que la demora en integrar el tribunal para resolver la medida cautelar pendiente tiene consecuencias institucionales de especial gravedad.
El escrito, al que tuvo acceso LITIGIO, ingresó este miércoles y se originó en la excusación de una de las magistradas intervinientes, producida el 3 de junio pasado. Frente a ese vacío, Gauna Wirz requirió que se continúe con el orden de la lista de conjueces ya designados según el acta del 29 de abril pasado, y que se imprima trámite urgente en atención a la naturaleza de los derechos comprometidos.
El acampe del pueblo Wichí
La presentación llega mientras en el acceso a Misión Nueva Pompeya se desarrolla desde el 5 de junio un acampe protagonizado por integrantes de comunidades de ocho localidades y parajes del norte chaqueño, entre ellas Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Tres Pozos, Vizcacheral, Sauzalito, El Sauzal y Wichí El Pintado. La movilización, que incluyó una “Marcha del Hambre” con ollas populares, apunta a visibilizar la falta de respuesta del Estado provincial ante una emergencia que los propios referentes comunitarios califican como “un desastre”.
En el petitorio rubricado con firmas y documentos, las comunidades enumeraron nueve ejes de reclamo que incluyen la reapertura de comedores escolares y populares, medicamentos e insumos hospitalarios, más ambulancias, agua potable en parajes sin servicio, titularización de territorios ancestrales, reconexión eléctrica de familias cortadas por falta de pago y suspensión de descuentos bancarios abusivos. “Seguimos sufriendo muertes evitables causadas por Chagas, tuberculosis y la desnutrición que golpea principalmente a nuestros chicos”, advirtieron en el texto.
La Defensora Adjunta incorporó al expediente ese petitorio comunitario y cuatro enlaces periodísticos que documentan la marcha y el acampe, argumentando que ilustran “la gravedad actual del cuadro denunciado y la persistencia del peligro en la demora”. Señaló expresamente que mantener sin respuesta jurisdiccional efectiva una situación que involucra condiciones mínimas de subsistencia, acceso al agua, alimentación e integridad personal proyecta consecuencias institucionales que no admiten más dilaciones.
Una causa que se llevó puesto a un juez
La causa tiene una historia judicial extensa que arranca en diciembre de 2024, cuando Gauna Wirz presentó el amparo reclamando asistencia urgente para el pueblo Wichí. El 18 de marzo de 2025, el juez Civil y Comercial N° 6, Jorge Sinkovich, ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Ante el incumplimiento provincial, el magistrado impuso una multa de casi $86 millones diarios, que el gobierno de Leandro Zdero apeló. Tras el fallo, diputados oficialistas del Chaco presentaron un pedido de juicio político contra el juez Sinkovich, quien renunció días después ante la embestida del gobierno provincial.
En septiembre de 2025, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones revocó la cautelar al entender que los derechos reclamados debían resolverse en el marco de la sentencia dictada en 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gauna Wirz recurrió esa decisión mediante un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que la propia Cámara declaró admisible en octubre de 2025, habilitando así la revisión por parte del STJ. Esa instancia sigue pendiente, y es precisamente ante ese tribunal que la Defensora Adjunta reclamó ahora la urgente conformación y el dictado de una sentencia que de una respuesta a la dramática situación que atraviesa el pueblo Wichí.
La urgencia tiene nombre y rostro concreto: el de las familias que llevan días acampadas en el monte, con carpas improvisadas y una sola consigna escrita en la bandera: basta de hambre, basta de muertes.
