El pasado lunes 31 de agosto, en la sede de Fiduciaria del Norte SA, se llevó adelante la apertura de sobres del Concurso Público 01/2026, una licitación que, según denuncias de fuentes consultadas por este medio, es mucho más grave de lo que parece. Se trata de una “privatización encubierta” de la Administración Tributaria Provincial (ATP) que pone en riesgo tanto a los trabajadores del organismo como a la recaudación de impuestos en toda la provincia.
Tres empresas se presentaron al concurso: Pogue Sistemas S.A. con una oferta mensual de $687 millones, ATTI S.A. ($31.340 millones por 48 meses) y ATS Sistemas y Gestión ($31.521 millones).
Fuentes cercanas a la ATP señalaron que de las firmas contendientes “dos son del mismo dueño”, lo que levanta sospechas sobre la transparencia del proceso.
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El pliego indica, textual: “El presente servicio tiene por objeto la contratación de una consultoría integral que, tomando como base los resultados del diagnóstico previamente realizado sobre los sistemas y procesos tributarios de la ATP, diseñe e implemente un conjunto articulado de mejoras”.
El dato más alarmante es que la empresa que realizó el “diagnóstico” en abril y mayo de este año, cobrando al Estado $1.800 millones, también se presentó como oferente.
“El diagnóstico del que hablan fue el que se hizo por una empresa que le cobró al Estado $1.800 millones, y la misma empresa se presentó al concurso”, denunció una fuente que optó por el anonimato para preservar su carrera profesional.
El pliego de condiciones entrega facultades extraordinarias al adjudicatario: podrá “tocar la estructura del organismo y reubicar” al personal, y además tiene la potestad de desechar documentos, reglamentos y manuales de la ATP “si consideran que no sirven”. “Es una privatización encubierta”, insistió la fuente. La preocupación principal es que el control de la recaudación provincial quede en manos privadas.
En cuanto a la función de los trabajadores, uno de los puntos que preocupa indica que de avanzar la tercerización, la empresa que pase a manejar el organismo podrá “validar o desechar los documentos existentes como manuales, procedimientos escritos, instrucciones de trabajo, políticas, y cualquier otro documento, que detalle cómo deberían desarrollarse los circuitos, más allá de lo dispuesto normativamente”.
La ATP es el corazón financiero del Estado chaqueño, y su tercerización representa un riesgo concreto para la percepción de impuestos, en un contexto de crisis económica que ya golpea las arcas provinciales.
El gobernador Leandro Zdero, que prometió transparencia durante su campaña, hoy enfrenta cuestionamientos por permitir un proceso que, según los denunciantes, vulnera los intereses de los trabajadores y la soberanía fiscal del Chaco.
Los puntos opacos del concurso del gobierno
Según el pliego oficial, al que accedió este medio, hay 3 empresas oferentes: dos del mismo dueño y una de ellas ya cobró $1.800 millones por un diagnóstico previo. La licitación otorga a privados la facultad de reubicar trabajadores y desechar manuales del organismo.
En tanto que Karstec SA, que también se presentó, dejó formalizada una impugnación por irregularidades en los plazos, reservándose el derecho a acudir a la Justicia.
Con todos estos miramientos que incluso ya están bajo la lupa de la Legislatura y la Justicia, el proceso continúa, pero el escenario es cada vez más crítico para la administración provincial.
ESCHACO
