La escena expone una contradicción difícil de explicar, pero con responsabilidades bien claras.
CATAMARCA (Por Federico Mena Saravia).- Mientras el Congreso debatía la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por el presidente Javier Milei, en Hualfín, Catamarca, se cumplían tres años de la usurpación violenta de la capilla de la familia de Federico Mena Saravia, declarada Monumento Histórico Nacional.
La escena expone una contradicción difícil de explicar: el mismo Estado que busca reforzar por ley la protección de la propiedad privada permanece ausente cuando se denuncia la ocupación de un bien que, además de pertenecer a una familia hace trece generaciones integra el patrimonio histórico de la Nación.
La usurpación se produjo de manera violenta y la familia acudió a la Justicia Federal para reclamar la restitución del inmueble y la protección de un patrimonio reconocido oficialmente por el Estado argentino. Sin embargo, lejos de asumir un rol activo en la defensa de un Monumento Histórico Nacional, el Gobierno nacional y Fernando Ferreyra, presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de la Argentina, no se presentaron en el proceso judicial.
A ello se suma otro dato difícil de comprender: pese a los reiterados pedidos de audiencia formulados por la familia, el Gobierno nacional nunca respondió ni concedió una reunión, pese a estar informado sobre el caso y sobre la relevancia histórica e institucional del bien en disputa.
Resulta inevitable preguntarse qué significa realmente la inviolabilidad de la propiedad privada. Si se trata de un principio constitucional, debería defenderse siempre, sin importar quién sea el propietario ni qué costo político implique hacerlo. Pero si ese principio se aplica solo cuando resulta conveniente, deja de ser una convicción para convertirse en una herramienta discursiva.
Javier Milei pasó años predicando que la propiedad privada era sagrada. Lo decía con esa pasión de los conversos, como quien acaba de descubrir una religión y quiere convertir al barrio entero. Después apareció la realidad, siempre tan maleducada. En Hualfín una capilla fue usurpada después de trece generaciones en poder de la familia y el profeta de la propiedad privada decidió guardar silencio. Quizá descubrió que los principios también tienen amigos, gobernadores útiles y excepciones.
El rol del gobernador Jalil y su responsabilidad
En mi opinión, esa explicación tiene nombre y apellido: Raúl Jalil. El gobernador de Catamarca acompañó prácticamente todas las leyes impulsadas por la Casa Rosada y terminó convirtiéndose en un aliado funcional del Gobierno nacional. Si las convicciones cambian según la utilidad política de un gobernador, dejan de ser convicciones. Y cuando los hechos contradicen de manera tan evidente el discurso, resulta difícil no concluir que aquella defensa irrestricta de la propiedad privada era, en realidad, una impostura.
La Comisión Nacional de Monumentos Históricos también deberá explicar su papel. Su misión es preservar y proteger los bienes declarados patrimonio histórico. Sin embargo, durante estos tres años no envió autoridades a Hualfín para constatar lo ocurrido, no impulsó medidas eficaces para resguardar el inmueble ni evitó el progresivo saqueo que sufre la capilla.
Mientras el Estado permanecía ausente, fueron desapareciendo objetos de enorme valor histórico y afectivo para la familia: piezas patrimoniales, documentos, mobiliario y otros elementos que forman parte de la memoria de varias generaciones.
Los funcionarios que incumplieron su labor
Existe una curiosa especie de funcionario. Cobra por proteger aquello que desaparece mientras él observa desde una oficina. Es un talento extraordinario. Un burócrata que le dicen. La Comisión Nacional de Monumentos tenía una misión muy simple: ir, mirar, actuar. No fue. No protegió. No evitó que una capilla declarada Monumento Histórico Nacional perdiera parte de su memoria entre saqueos y abandono. Hay personas que confunden la prudencia con la ausencia. La historia nunca comete ese error. Es una vergüenza presidir un organismo creado precisamente para impedir que estas cosas ocurran.
En Catamarca, la actitud del gobernador Raúl Jalil tampoco sorprende. Durante su gestión, la Legislatura provincial sancionó la expropiación de 404 hectáreas del Complejo Termal de Fiambalá, una decisión que despertó fuertes cuestionamientos por el impacto sobre inversiones privadas. Quien gobernó bajo esa lógica difícilmente pueda presentarse como un defensor irrestricto del derecho de propiedad.
Pero lo verdaderamente llamativo no es la posición de Jalil, sino el silencio del Gobierno nacional frente a un aliado político que, en los hechos, representa una concepción del Estado muy distinta de la que Javier Milei prometió combatir.
Las leyes pueden fortalecer derechos. Nadie discute eso. Pero antes de sancionar nuevas normas convendría demostrar que existe voluntad de hacer cumplir las que ya están vigentes. Porque la verdadera defensa de la propiedad privada no empieza con un proyecto enviado al Congreso. Empieza cuando el Estado protege a quienes ya vieron vulnerados sus derechos, aun cuando hacerlo implique incomodar a un gobernador amigo.
Cómo fue la usurpación de la capilla histórica de la familia de Federico Mena Saravia en Hualfín
La capilla familiar de la familia de Federico Mena Saravia, construida en 1770 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1967, fue denunciada como usurpada de manera violenta en junio de 2023. Según la familia, un grupo de personas rompió los candados e ingresó al inmueble, dando inicio a un conflicto que involucra no solo un derecho de propiedad, sino también la protección de un bien integrante del patrimonio histórico argentino.
A partir de esos hechos, la familia promovió acciones en los fueros penal, civil y federal. Sostiene que, desde la ocupación, la capilla sufrió un progresivo saqueo, con la desaparición de objetos históricos, documentos y pertenencias familiares, mientras denuncia la ausencia de medidas efectivas por parte del Estado nacional y de los organismos responsables de preservar el patrimonio histórico.
Tres años después, el conflicto ya trasciende a una familia. Plantea una discusión sobre la defensa de la propiedad privada, la preservación de los Monumentos Históricos Nacionales y el papel del Estado cuando sus propios principios son puestos a prueba. Para los propietarios, la Justicia Federal pondrá las cosas en su lugar, donde se tramita la causa y donde esperan que prevalezca el derecho por encima de la política.
