La precarización laboral crece a gran velocidad y es uno de sus rasgos más visibles del modelo de Milei, para conseguir competitividad.
La precarización laboral crece a una velocidad escalofriante desde que el modelo de Javier Milei se puso en marcha en diciembre de 2023 y surge como uno de sus rasgos más visibles de la latinoamericanización de la economía. Con crecimiento, no hay antecedentes de un salto tan fuerte de la informalidad en Argentina.
Entre los indicadores oficiales que exponen el deterioro, el aspecto más preocupante es la incorporación de 603.600 personas a actividades laborales informales entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, según el INDEC. Son personas que deben buscar trabajo de cualquier manera para contribuir al ingreso familiar en un escenario de contracción generalizada del ingreso disponible.
Esas condiciones de trabajo que no garantizan ningún derecho ni beneficio laboral, como salario mínimo, aguinaldo, aportes jubilatorios, límites de horarios, francos, indemnización por despido injustificado, vacaciones y licencias pagas o cobertura médica, ya perjudican al 44% de los trabajadores cuando en el primer trimestre de 2024 era el 40,8%.
A su vez, el modelo provocó una destrucción de 539.000 empleos registrados hasta marzo pasado, según la Secretaría de Trabajo de la Nación. Del total, 292.015 personas eran asalariados en relación de dependencia, 74% en el sector privado y 26% en el público. El resto aplicaba a sistemas de registro simplificado (diferentes modalidades de monotributo y empleos domésticos).
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El incremento del “trabajo en negro” moderó el ascenso de la desocupación, pero no lo detuvo. La tasa de desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026 y en el año 2025 había promediado el 7,4%. Esto indica que se consolida en un escalón más elevado que en 2023 cuando era del 6,1%. Así, los nuevos desocupados entre el último año de gobierno Alberto Fernández y el último año registrado de Milei en el poder totalizan 216.100 personas.
Otro flagelo que pone de relieve las magras remuneraciones es el aumento de la subocupación. Son quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean asumir más tareas para tratar de recomponer su capacidad adquisitiva. En el último año de gobierno libertario, los trabajadores en esa situación representaron el 11,2% de la población económicamente activa, mientras que en 2023 eran el 10,2%. De esta manera, se agregaron 186.700 subocupados.
En suma, los trabajadores contabilizados con los registros oficiales disponibles que empeoraron sus condiciones laborales como consecuencia del modelo libertario superaron hasta marzo pasado el millón de personas (1.006.400) por haber ingresado a la informalidad, ser nuevos subocupados o haber caído al desempleo.
Ahora bien, el aumento de la informalidad encarna lo que en la Convertibilidad era el drama del desempleo. Si bien la forma de medición no fue modificada y respeta estándares internacionales, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los últimos años modificó drásticamente el panorama afectando la comparabilidad histórica de los índices de desempleo.
Las nuevas tecnologías habilitan una conectividad y generación de una multiplicidad de relaciones por redes sociales y el despliegue de trabajos en plataformas digitales que potencian exponencialmente las posibilidades de acceder a ocupaciones laborales.
Por eso, la informalidad es la versión aggiornada del desempleo de los años noventa. La metodología de cálculo oficial empleada contempla que una persona califica como “ocupada” si trabaja al menos una hora en la semana previa a ser encuestada por el INDEC. Y esa definición no depende de si posee una remuneración monetaria, en especie (habitación, alimento, transporte, por ejemplo) o no recibe ningún tipo de pago. Si trabajó esa hora semanal, ya es un ocupado para las estadísticas públicas sin importar que tenga o no remuneración.
Entonces, como las nuevas tecnologías agregan una pluralidad de nuevas opciones para alcanzar ese umbral mínimo de tiempo laboral, muchos más trabajadores clasifican como ocupados. Y, por desgracia, en la gran mayoría de los casos, se trata de tareas de emergencia que son informales, sobre todo cuando en simultáneo se produce una crónica destrucción neta de puestos de trabajo formales.
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Además, el incremento de oferta laboral facilitado por las TIC, combinado con el avance de la inteligencia artificial que permite suplantar trabajadores de baja y media calificación, se traduce en una competencia descontrolada. El proceso crece y redunda en menores remuneraciones, peores condiciones laborales y menor poder de negociación; de esa forma, envuelve a los trabajadores en un ciclo vicioso de precarización y degradación.
La disponibilidad de estas nuevas herramientas de relacionamiento y los ínfimos requisitos para alcanzar el estatus de trabajador “ocupado” da la pauta, lamentablemente, que la población desempleada (1.145.000 personas) son individuos que tienen enormes dificultades técnicas y materiales para poder reinsertarse al sistema.
Asimismo, resulta evidente que los indicadores objetivos de precarización no necesariamente se corresponden con la percepción subjetiva de los trabajadores afectados. Explicar esa aparente divergencia -y sus eventuales implicancias políticas- excede el alcance de este análisis económico y requiere herramientas propias de la sociología y de la ciencia política para abordarlo. En palabras de Milei, buena parte de las víctimas no la ven.
Este fenómeno le sirve al gobierno para exhibir una tasa de desocupación no desbordada, aun cuando lleva a cabo un plan de desindustrialización con licuación de ingresos familiares. Más allá de que el desempleo haya aumentado, se mantiene muy por debajo de los máximos registros históricos que, a fines de la Convertibilidad, se acercaban al 20% y que, tras el estallido de ese esquema, tuvieron un pico del 24,2% en el segundo trimestre de 2002.
Bajo las condiciones vigentes de pauperización del mercado, la hiper conectividad y la consecuente alta accesibilidad al empleo informal, es prácticamente imposible que la desocupación llegue a esos niveles. En consecuencia, analizar el desempleo como indicador de precarización laboral o de fragilidad de un modelo ha perdido bastante relevancia. Lo que hoy debería evaluarse como indicador de fortaleza de una gestión pública es su capacidad de creación de empleos formales de calidad. Y, en esa cuenta, el esquema actual deja mucho que desear.
Milei y Luis Caputo se aprovechan de que no hay conciencia de que generar empleo informal es fácil, prácticamente carece de valor y que, como Manuel Adorni, no aporta nada a la recaudación fiscal dañando la posición de todos.
También contribuye a diluir la problemática la complacencia de sectores de poder que parece no importarles el impacto real de las políticas sobre el tejido productivo y quizás confíen en el imperio de la motosierra para neutralizar el efecto fiscal degenerativo.
Tanto el oficialismo como sus aliados reconocen que se lleva adelante un modelo que sistemáticamente sustituye empleo formal asalariado por empleo precario, pero no denostan la creación de esos puestos de trabajo no registrados. Para ellos son un refugio natural ante la rigidez del sistema. La impotencia de la reforma laboral no hace mella y tampoco el desfinanciamiento que este proceso implica sobre el sistema previsional.
Incluso, tanto el presidente como el ministro usan la polémica medición del INDEC de los salarios informales (cambiaron el método de cálculo agregando conceptos de ingresos antes no incluidos en una encuesta y comparándolos con los ingresos en los años anteriores sin esos conceptos adicionales) para mostrar falsamente que los salarios informales aumentaron una enormidad. Así, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, los salarios del sector informal subieron un 618,2% contra una inflación del 303,5%, según el organismo oficial. Un vergonzoso disparate estadístico a todas luces, habilitado por el blindaje mediático que los funcionarios públicos reciben en los lugares donde ofrecen entrevistas.
El objetivo de este plan de hundimiento de las remuneraciones es anular el poder de negociación de los trabajadores y así lograr que las empresas gocen de un costo laboral a la baja para sostener ciertos niveles de competitividad mínimos en un contexto de alza generalizada de tarifas de servicios públicos, altas tasas de interés y un mercado interno en contracción que obliga a prorratear costos fijos en menores volúmenes de producción y ventas.
Es el mismo brebaje venenoso que en los noventa, pero se cambió el célebre ejército industrial de reserva que había identificado Carlos Marx como mecanismo de presión para bajar los salarios por un tsunami de trabajadores informales que nivelan la cancha hacia abajo y se ahogan entre sí.
