El Gobierno y la Central Obrera Boliviana iniciarán esta semana una agenda de trabajo tras haber acordado la suspensión de los bloqueos con los que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz
El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) iniciarán esta semana una agenda de trabajo para desarrollar los acuerdos alcanzados entre ambas partes el pasado 19 de junio, cuando se determinó suspender las medidas de presión que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Vamos a empezar a trabajar con agendas conjuntas como siempre debió ser con los sectores sociales en este país”, afirmó el ministro de Trabajo, William Bascopé, en una rueda de prensa. El funcionario señaló que se trabajará sobre las demandas “sensatas y coherentes” y “de acuerdo a la realidad nacional”.
El tanto, Marín Sandoval, dirigente de los obreros, señaló que se acordaron cinco comisiones de trabajo para canalizar las demandas sindicales de la COB que incluyen, entre otros puntos, el compromiso de no realizar “persecución judicial” contra los dirigentes, revisar la situación de los detenidos durante las protestas, no privatizar empresas públicas y resolver el conflicto del combustible. El documento señala un plazo de 90 días para “cumplir todos los puntos” acordados.
Bolivia atravesó varias semanas de tensión con bloqueos de caminos impulsados por sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusaban de inconsistencias en su gestión y de traicionar a quienes le dieron el voto en octubre del año pasado cuando ganó la elección presidencial con el 55%.
Los bloqueos de carreteras, que iniciaron el 6 de mayo y concluyeron el 22 de junio, fueron encabezados por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y la Central Obrera Boliviana. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.
En el día 44 de bloqueos, el Gobierno logró un acuerdo con los sindicatos obreros y horas más tarde decretó un estado de excepción que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas para intervenir en los piquetes. La medida desincentivó las protestas y provocó el repliegue de los demás sectores.
Aunque no hay una cifra consolidada de las pérdidas económicas a causa de los bloqueos, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). La medida de presión también supuso perjuicios para la población, especialmente de la ciudad de La Paz, donde hubo desabastecimiento de alimentos, de combustible y de otros insumos básicos cuyos precios se dispararon a causa de la escasez.
Aunque el Gobierno se comprometió a no “perseguir judicialmente” a los impulsores de las protestas, varios sectores exigen que se sancione a los responsables de las pérdidas que provocaron al país y que se apruebe uno de los cuatro proyectos de ley “antibloqueos” que duermen en la Asamblea Legislativa.
En tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz —una organización que reúne a varias instituciones y que en los últimos años encabezó la oposición a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo— anunció que presentará denuncias penales contra los dirigentes de las organizaciones que paralizaron gran parte del país por casi 50 días.
