Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión anunciaron que presentarán denuncias ante organismos internacionales contra el presidente Javier Milei, tras sus recientes declaraciones contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. Amnistía Internacional Argentina y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron que el nivel de confrontación promovido desde la máxima autoridad del país representa un riesgo para el ejercicio del periodismo y el debate democrático.
La reacción surgió luego de la cena anual de la Fundación Faro, donde Milei cuestionó duramente a comunicadores y medios que siguieron la investigación judicial relacionada con la criptomoneda $LIBRA. En ese contexto, calificó a periodistas como “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”, y posteriormente afirmó que “a los buenos les tiene que ir bien, y los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Desde Amnistía Internacional Argentina, su directora ejecutiva, Mariela Belski, expresó preocupación por el tenor de las expresiones presidenciales y destacó que quienes ejercen la máxima responsabilidad institucional tienen la obligación de garantizar la libertad de expresión y tolerar el escrutinio público.
La entidad afirmó que los dichos constituyen una escalada en la hostilidad hacia la prensa porque no se limitan a cuestionar coberturas periodísticas, sino que individualizan y estigmatizan a trabajadores de medios de comunicación. Por esa razón, anticipó presentaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Según señalaron las organizaciones, el Estado tiene la responsabilidad de prevenir hechos de violencia contra periodistas, evitar discursos que incrementen riesgos para su actividad y reconocer públicamente la legitimidad de su tarea, incluso cuando las publicaciones resulten críticas para el gobierno de turno.
FOPEA también manifestó su rechazo a las expresiones presidenciales. La entidad sostuvo que el reciente sobreseimiento judicial de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $LIBRA, no invalida ni transforma en falsa la cobertura periodística realizada sobre un expediente de evidente interés público.
Además, el foro informó que presentó ante organismos internacionales su relevamiento anual sobre libertad de expresión, en el que advirtió un incremento de las agresiones y situaciones de hostigamiento contra periodistas y trabajadores de prensa. La organización convocó además a los dirigentes políticos de todos los espacios a pronunciarse frente a este tipo de discursos para evitar su naturalización.
Amnistía Internacional remarcó que las expresiones presidenciales forman parte de una serie de situaciones que, según la entidad, incluyen estigmatización, hostigamiento y judicialización de la actividad periodística. En ese marco, confirmó que se encuentra ultimando la documentación necesaria para formalizar las denuncias durante los próximos días.
Las preocupaciones por la situación de la libertad de prensa ya habían sido expuestas en una audiencia ante la CIDH realizada en 2025, en la que participaron organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y entidades periodísticas. Allí se denunciaron agresiones, violencia digital, acoso judicial y restricciones al trabajo de los medios durante coberturas de manifestaciones públicas.
Amnistía sostuvo además que la reiteración de ataques verbales contra periodistas puede generar un efecto de silenciamiento que trascienda a las personas directamente afectadas, favoreciendo la autocensura y limitando la circulación de información de interés público. La organización destacó que la investigación sobre las acciones de quienes ejercen el poder constituye una función esencial del periodismo dentro de un sistema democrático.
En la misma línea, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) calificó las expresiones de Milei como un hecho de extrema gravedad y advirtió que podrían incentivar nuevos episodios de violencia contra trabajadores de prensa.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que los ataques verbales desde la máxima autoridad del Estado representan una escalada que afecta la calidad del debate democrático y puede contribuir a legitimar agresiones contra personas señaladas públicamente.
Las organizaciones coinciden en que el clima de confrontación entre el Gobierno y sectores de la prensa genera preocupación por el estado de la libertad de expresión en Argentina y reclaman mecanismos institucionales que garanticen el pleno ejercicio de la actividad periodística sin presiones ni represalias.
