“Vimos muchas operaciones en muchos medios”, denunció ante fiscales de todo el país. Defendió a la procuradora María Vranicich.
Maximiliano Pullaro acusó a algunos medios de estar implicados en una acción destinada a desestabilizar a la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, conductora del equipo de funcionarios que en Santa Fe detentan la persecución penal contra los delitos que generan mayor violencia, como microtráfico de drogas y ataques contra la vida.
En la Estación Fluvial de Rosario en un acto en que participaron procuradores y fiscales de 22 provincias, y delante de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el gobernador santafesino recordó lo que era Rosario en 2023 en niveles de violencia. “Hace tres años los rosarinos no salían a la calle, tenían miedo de utilizar el espacio público y las inversiones no venían a la provincia de Santa Fe, donde ahora acabamos de vivir el evento deportivo más grande que tuvo Sudamerica con 3.500.000 personas y no tuvimos un solo robo de celular”.
Tras una ponderación de los números que implican lo que llamó la pacificación de la ciudad, Pullaro dijo que el éxito de su política de seguridad se basó en terminar con la impunidad. Dijo que para ello contó con la colaboración esencial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que es la entidad que agrupa a los fiscales provinciales y que conduce Vranicich.
“Acá había personas que mataban y que se creían con el derecho de seguir matando lo que generaba un círculo de violencia”, dijo, refiriendo que eso se cortó por la decisión de fiscales provinciales. Y subrayó: “Nosotros vamos a defender al Ministerio Público de la Acusación. Y vamos a defender el liderazgo de la doctora María Cecilia Vranicich. Porque en el último tiempo vimos muchas operaciones en muchos medios de comunicación. Hay manos negras para desprestigiar al MPA”.
Pullaro celebra una baja inédita de homicidios en Santa Fe y que la violencia en Rosario desacelera
“No lo vamos a permitir porque no están golpeando a una persona sino a la construcción de seguridad en la provincia de Santa Fe. El pueblo de Santa Fe va a estar al lado de sus fiscales porque los resultados que obtuvimos los obtuvimos juntos”, vociferó Pullaro.
El gobernador radical dijo esto con un enojo ostensible, casi a los gritos. Provocó perplejidad porque sin referirse a qué hechos se refería ubicó a casi toda la prensa en un papel de conspiración contra un organismo que, como cualquier institución pública, puede ser blanco de objeciones y críticas en el juego democrático.
Pero el contexto inmediato echa un poco de luz. Un día antes de este acto el gobernador tuvo una reunión con tres directivos de medios locales. Allí les habría agradecido la cobertura de los Juegos Sudamericanos, un importante hito de imagen para el gobierno santafesino. Pero también les habría recriminado lo que a su criterio es una repetición en casos de balaceras y, muy especialmente, lo que identifica como notas que buscan limar a la conducción del MPA.
En este punto, LPO pudo saber que al gobierno lo enfureció una publicación que cuestionó el manejo en el MPA del caso del ex fiscal Mariano Ríos, un funcionario que está imputado de desviar partidas en provecho propio. Varios medios de la provincia publicaron notas al respecto. En el gobierno creen que las motoriza un sector que tiene presencia en el MPA y también en la Justicia de Santa Fe. Algo que también explica una serie de recambios recientes de fiscales y empleados decidida por Vranicich.
Pocas horas después de ese encuentro con los directivos de medios, Pullaro produjo una advertencia pública, en un acto colmado con funcionarios de seguridad nacionales, judiciales y fiscales de todo el país y periodistas. No pocos lo tomaron como un mensaje encriptado, en un acto institucional, dirigido a un grupo “que va a saber entender”.
Otra ocasión de controversia se dio cuando mencionó que uno de los factores del desborde del delito en Rosario. “Quienes nos formamos en la universidad pública tuvimos una teoría jurídica que dominó la persecución. La romantización del delito estaba mal. Y ese garantismo bobo que lideró los circuitos académicos nos hizo mucho daño. El que mata tiene que ir preso, el que roba tiene que ir preso. Las instituciones del Estado tienen que estar firmes porque si no nos terminamos convirtiéndonos en cómplices”, afirmó.
Caso Bailaque: por primera vez exponen tres delitos atribuidos al juez
En el lugar lo escuchaba una mayoría de fiscales formados en la universidad pública. La propia Vranicich es docente adjunta concursada de la UNR en Derecho. Estaba también el decando de esa facultad, Hernán Botta, y varios docentes. Hubo en el break un coro de malestar y de bronca de unos cuantos de ellos. “Que le avisen a Pullaro que la mayoría de los que estaban acá como fiscales impulsaron condenas durísimas contra miembros de grupos criminales. Se formaron en la Universidad Pública y no son románticos. Para que haya una condena pesada también tiene que haber garantías de un proceso limpio”, dijo a LPO un asistente que proviene del MPA y de la Facultad de Derecho estatal.
Pero con ese discurso, que tiene mucho de electoralista y de trinchera, Pullaro pareció intentar exponer la omisión investigativa de la Justicia Federal de Rosario en los años que la ciudad ardía, acorralada por el narco.
“No se acuerdan que acá vino la Corte Suprema de la Nación a respaldar a la Justicia Federal”, dijo por una convocatoria de magistrados en Rosario en 2022 por la ola de violencia. “Y hoy dos de los tres jueces que teníamos en la Justicia Federal de Rosario están presos”, dijo en alusión a Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, ambos con procesos judiciales, el primero con su renuncia aceptada por Milei y el segundo al borde del juicio político.
“Por algo pasan las cosas. Hubo mucho tiempo de impunidad. ¿Les parece que La Banda de Los Monos, la organización de más relevancia, tuvo la primera causa federal en diciembre de 2015, cuando había pilas de expedientes que hablaban de droga?”, preguntó.
En efecto, Los Monos tuvieron en Rosario relación con una espiral de violencia y comercio urbano de drogas que se hizo visible por primera vez en 1998 y que tuvo impacto hacia 2012 en la disparada de la tasa de homicidios. Pero sus miembros, con lazos fuertes en la policía santafesina, fueron condenados por primera vez en investigaciones del Poder Judicial de Santa Fe, y no en la Justicia Federal.
