Los senadores aliados le advirtieron a Patricia Bullrich que está complicada para apurar el tratamiento del proyecto de modificación a la Ley de Salud Mental, por el rechazo de los responsables de las carteras sanitarias de las provincias, y la ex ministra de Seguridad organizó una serie de encuentros virtuales con los representantes de las provincias.
La jefa de bloque oficialista tuvo que enterarse por la advertencia de legisladores de bancadas dialoguistas porque, hasta hace unas horas, Mario Lugones había ocultado la bronca del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el ámbito que reúne a los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones de la Argentina.
En rigor, el proyecto de los libertarios está trabado hace meses en la comisión de Salud, que solo realizó tres reuniones para debatir el tema y tuvo que freezar la iniciativa el 20 de mayo pasado. Un mes antes, de hecho, el Cofesa había manifestado su postura contraria a los cambios en la ley sancionada en 2010 y reglamentada en 2013.
Durante un encuentro del Consejo de Salud Provincial de Buenos Aires (COSAPRO), representantes de 18 provincias firmaron un documento que alertaba sobre un “contexto de emergencia en salud mental”. Allí presentaron el Informe Federal 2025, con un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.
Bullrich perdió el control de los senadores aliados que ahora resisten las leyes del gobierno
“Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención”, informó Tiempo Argentino en su edición del 20 de abril.
Un senador peronista le dijo a LPO que “es más fácil que salga la reforma política antes que la modificación de la ley de salud mental”.
El principal obstáculo de Patricia, en este contexto, es la torpeza política de Lugones, que encendió la mecha para una rebelión de los ministros de Salud provinciales. Con todo en contra, el jefe de la cartera sanitaria a nivel nacional se sumó este lunes a una reunión por zoom con sus homólogos provinciales de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Jujuy, Mendoza y Chubut, que estallaron de furia porque esperaban una cita presencial para discutir cara a cara con el funcionario nacional.
En el oficialismo, reconocen que el proyecto sirve para dar la discusión “en la batalla cultural”, al tiempo que un peronista del interior admite que funcionaría contra “el discurso kirchnerista de la defensa de los derechos humanos y la desmanicomialización”.
La pelea entre el oficialismo y la oposición se centra en que los cambios recortarían el carácter comunitario en el tratamiento de los padecimientos de salud mental, abriendo el terreno al sector privado. El problema es que la ley solo habilita a los psiquiatras para la atención de los sujetos y en Argentina no hay suficientes profesionales con esa titulación.
Por otro lado, las provincias denuncian que la Nación habría disminuido las transferencias necesarias y, con esta iniciativa podría ajustarlas en un 10 por ciento más.
Para colmo, la comisión de Salud del Senado, donde debería dictaminarse el proyecto del gobierno está presidida por la puntana Ivanna Arrascaeta, envuelta en el escándalo que armó su marido, Rodolfo Negri, con la sobrefacturación de órdenes de prestación del PAMI para las clínicas de su familia. Como reveló LPO, el hombre habría amenazado a Lule Menem con sacar a su esposa del bloque de LLA si le quitaban el manejo político del instituto.
