La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, analizó el caso Adorni y aseguró que una eventual omisión patrimonial podría derivar en nuevos delitos.
Las explicaciones de Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio continúan generando repercusiones. Esta vez fue María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien puso en duda la versión del jefe de Gabinete y planteó nuevos interrogantes sobre la transparencia de sus declaraciones.
En diálogo con Radio del Plata, la abogada sostuvo que las respuestas brindadas por el funcionario no alcanzan para despejar las dudas que surgieron en torno a sus bienes. Además, remarcó que los organismos de control deben analizar con atención toda la información disponible.
Las dudas sobre el patrimonio de Adorni
Talerico señaló que quienes acceden a cargos públicos tienen la obligación de informar con precisión el origen y la composición de su patrimonio. En ese sentido, consideró que las explicaciones ofrecidas hasta el momento dejan varios puntos sin aclarar.
“Si ocultó todo este patrimonio, aparece otro delito”, afirmó la exfuncionaria al referirse a la posibilidad de que haya omitido bienes en sus declaraciones patrimoniales.
La exvicepresidenta de la UIF también sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en el monto del patrimonio. Según explicó, resulta indispensable conocer cómo obtuvo esos fondos y por qué no los incluyó oportunamente en sus declaraciones.
El impacto político y judicial del caso
Además de las posibles consecuencias legales, Talerico consideró que la controversia genera un problema político para el Gobierno. A su entender, las explicaciones de Adorni no lograron cerrar la discusión y mantienen abiertas las sospechas sobre su situación patrimonial.
En ese marco, cuestionó la posibilidad de dar por terminado el tema sin una revisión exhaustiva. “No lo pueden dejar pintado con una declaración jurada maliciosa”, sostuvo al referirse a la necesidad de investigar las inconsistencias denunciadas.
Por último, la abogada recordó que la ley exige a los funcionarios públicos estándares más altos de transparencia. Por eso, insistió en que las autoridades deben despejar cualquier duda sobre el origen de los bienes declarados para evitar que el caso siga escalando en el plano político y judicial.
