La Comisión Provincial por la Memoria realizó una presentación judicial por hechos irregulares ocurridos en la Unidad 51 de Magdalena. El Servicio Penitenciario inició un sumario interno mientras avanza la investigación.
Cinco mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena denunciaron haber sido víctimas de torturas, golpizas y abusos sexuales por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los hechos, según la presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ocurrieron entre el 3 y el 4 de junio y derivaron en una investigación judicial y administrativa.
De acuerdo con la denuncia, todo comenzó tras una pelea entre dos internas. A partir de ese episodio, personal penitenciario ingresó a uno de los pabellones y lanzó gas pimienta.
Luego, varias mujeres fueron encerradas en sus celdas y sometidas a revisiones forzadas. Según los testimonios reunidos por la CPM, cuando algunas de ellas se negaron a desnudarse frente a agentes varones del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), fueron golpeadas, reducidas y trasladadas a distintos sectores de la unidad.
Dos de las detenidas denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales durante los procedimientos. Una de ellas aseguró que fue sometida a la práctica conocida como “submarino húmedo”, en el que se sumerge la cabeza de la persona en un contenedor con agua. “Besame las botas”, le habría dicho la jefa de la unidad del penal.
También contó que sufrió agresiones sexuales por parte de varios agentes y que luego fue obligada a firmar documentación bajo amenazas.
Otra de las mujeres declaró que fue llevada a un aula de la unidad, donde fue golpeada, ahorcada y abusada sexualmente. Según su testimonio, permaneció durante horas inmovilizada y expuesta al gas pimienta antes de ser trasladada a otro penal.
Las otras tres víctimas denunciaron haber sufrido golpes, inmovilizaciones prolongadas, exposición a gas pimienta, amenazas y condiciones degradantes. Además, aseguraron que permanecieron durante horas sin acceso a agua, alimentos ni sanitarios. Cuando fueron trasladadas a otras cárceles, encontraron gran parte de sus pertenencias destruidas o mezcladas con basura.
La CPM informó a través de un comunicado que entrevistó a las mujeres en distintas unidades penitenciarias de la provincia y constató lesiones compatibles con los relatos.
A su vez, el organismo cuestionó la actuación del personal médico de la cárcel. Entre otras irregularidades, señaló que una enfermera dejó constancia de que una de las detenidas no presentaba lesiones visibles, pese a que posteriormente se registraron heridas y secuelas físicas.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, y luego ampliada con nuevos testimonios.
Fuentes cercanas al caso indicaron a TN que, tras la presentación judicial, las autoridades penitenciarias dispusieron el relevo de toda la cúpula del establecimiento, incluida la directora, los subdirectores y la jefa del área señalada en las denuncias. También fueron apartados los integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) que participaron del operativo.
De esta manera, la investigación interna se inició de manera inmediata. Además, señalaron que se conformó una mesa de diálogo con las internas y que el juez de Ejecución Penal de La Plata, José Villafañe, intervino en el establecimiento tras conocerse las denuncias.
Por otra parte, la CPM cuestionó una resolución del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, que rechazó su pedido para ser querellante en la causa. El organismo consideró que la decisión obstaculiza su función como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y anunció que apelará la medida.
