La Justicia volvió a respaldar el reclamo de alrededor de 1.000 familias del Barrio Zampa que desde hace meses exigen un acceso regular y seguro al agua potable. La Cámara rechazó los pedidos de SAMEEP y de la Provincia para dejar sin efecto la medida vigente y confirmó que la asistencia deberá continuar mientras se resuelve el reclamo de fondo impulsado por los vecinos.
Uno de los puntos más contundentes de la resolución está en la diferencia entre lo que sostuvo SAMEEP y lo que finalmente encontró la Justicia. La empresa afirmó que en el barrio existía una provisión “normal, habitual y permanente” de agua. Sin embargo, después de analizar las pruebas reunidas durante estos meses, la Cámara concluyó que estas “desmienten de manera categórica que las necesidades básicas de la población estén cubiertas”.
Para las familias, esa definición va al centro del problema: que un camión ingrese al barrio no significa que mil familias tengan agua garantizada. La propia resolución señala que las entregas realizadas hasta ahora no alcanzan para hablar de un sistema regular y equitativo y mantiene la obligación de organizar la distribución mediante recorridos establecidos y un cronograma público y previsible.
La preocupación no se limita a la cantidad de agua disponible. Entre las pruebas presentadas ante la Justicia figura una muestra extraída dentro del propio Barrio Zampa cuyo análisis detectó una elevada presencia de bacterias y un fuerte olor a líquido cloacal. El informe concluyó que esa agua no era apta para el consumo humano y representaba un riesgo para la salud de las familias.
La Cámara también rechazó que la falta de una conexión formal con SAMEEP pueda utilizarse para dejar a las familias fuera del reclamo. Para el tribunal, el acceso al agua potable constituye un derecho básico directamente relacionado con la vida, la salud y la dignidad, y reconoció al Barrio Zampa como una comunidad concreta e identificable de aproximadamente mil familias.
La decisión no termina con el conflicto ni resuelve todavía la cuestión de fondo. Pero deja una conclusión clara sobre el presente: la Justicia rechazó los argumentos con los que SAMEEP y la Provincia buscaban revertir la medida y entendió que la protección debe continuar porque el problema del agua sigue sin estar resuelto.
Para los vecinos, el fallo representa un nuevo respaldo, pero también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue abierta: cuánto tiempo más deberán depender de camiones y medidas de emergencia para acceder a algo tan básico como el agua potable. El objetivo continúa siendo el mismo desde el primer día: que tener agua segura, suficiente y todos los días deje de ser una emergencia para mil familias de Resistencia.
