La docente trabajaba en una escuela pública, la aseguradora no había reconocido el accidente y decidió ir a la Justicia de Trabajo.
Una docente de una escuela de la provincia de Buenos Aires que sufrió una caída mientras regresaba de su trabajo obtuvo una sentencia favorable luego de que la Justicia determinara que el accidente le dejó secuelas permanentes, pese a que en principio la ART le había otorgado el alta médica sin reconocer incapacidad.
El Tribunal del Trabajo N° 4 de La Plata condenó a la provincia de Buenos Aires, en su carácter de empleadora auto asegurada, a pagarle una indemnización superior a los 25 millones de pesos.
El caso
El accidente ocurrió el 14 de febrero de 2023, cuando la mujer terminaba su jornada laboral y se dirigía hacia su casa en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.
Según relató en la demanda, tropezó porque la vereda estaba en mal estado, se dobló el tobillo izquierdo y cayó de rodillas, al apoyar las manos para evitar golpearse la cara contra el suelo.
Tras el hecho intervino Provincia ART, que brindó atención médica y luego otorgó el alta sin determinar incapacidad laboral. La docente continuó tratándose por su obra social y decidió iniciar el reclamo judicial para revisar esa decisión.
Qué determinó la Justicia
Durante el juicio se produjo una pericia médica que concluyó que la trabajadora padecía un síndrome meniscal en la rodilla izquierda y una limitación funcional del tobillo izquierdo, ambas lesiones relacionadas directamente con la caída sufrida durante el trayecto laboral. El tribunal fijó una incapacidad física permanente del 15,68%.
En cambio, los jueces rechazaron el reclamo por incapacidad psicológica al considerar que no había pruebas suficientes para demostrar que derivara del accidente.
Cuánto cobrará de indemnización
Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue el criterio utilizado para calcular la indemnización. El tribunal explicó que, aplicando estrictamente la fórmula prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, la docente hubiera percibido alrededor de $9,4 millones.
Sin embargo, consideró que ese resultado era insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y declaró inconstitucional tanto el DNU 669/2019 como el mecanismo de actualización previsto en el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo para este caso.
En su lugar, los magistrados resolvieron actualizar el ingreso base utilizando el índice RIPTE, lo que elevó el capital indemnizatorio a $24.271.828. Luego sumaron intereses, por lo que el monto total de la condena ascendió a $25.100.395, además de nuevos intereses y actualización hasta el efectivo pago.
Los jueces sostuvieron que la fórmula legal vigente, aplicada literalmente, provocaba una reparación “absurda e injusta” porque no reflejaba el verdadero valor del salario ni compensaba adecuadamente el daño sufrido por la trabajadora. Por ese motivo, optaron por utilizar el índice RIPTE para preservar el valor real de la indemnización.
El fallo también rechazó el reclamo por incapacidad psíquica, pero hizo lugar a la demanda por las lesiones físicas derivadas del accidente “in itinere”, es decir, ocurrido durante el trayecto entre el trabajo y el domicilio de la empleada.
