Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa enfrentan cargos por peculado. Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, aprovecharon su rol en el servicio de Neonatología para sustraer bienes públicos y trasladarlos a una empresa privada de la que eran socios.
Dos médicos del Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta fueron acusados por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta por haberse llevado equipamiento médico estatal para utilizarlo en una clínica privada de la que eran socios.
Los acusados son Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, imputados como coautores del delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal. La acusación fue presentada por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, ante la Oficina Judicial.
Según la hipótesis fiscal, los acusados aprovecharon su condición de médicos del servicio de Neonatología del hospital público y el acceso que tenían al equipamiento estatal para sustraer bienes que se encontraban bajo custodia del sanatorio. Ese equipamiento habría sido trasladado al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y de la que obtenían un beneficio económico.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la investigación se inició a partir de una denuncia del director general del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud Pública advirtiera la posible presencia de equipamiento del hospital en el servicio de Neonatología de una clínica privada.
En medio de la investigación —que incluyó relevamiento de documentación, declaraciones testimoniales, inspecciones, registros e informes técnicos y periciales—, personal de la UDEC encontró seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían exactamente con los informados por el hospital denunciante.
Los equipos fueron encontrados en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858, en la ciudad de Salta. Los equipos fueron secuestrados y luego restituidos judicialmente al hospital.
Los fundamentos de la acusación
La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta investigada no sólo habría afectado el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento, al involucrar equipamiento destinado a la atención de pacientes en un hospital público. Además, señaló que se vulneraron “los deberes de fidelidad, probidad y transparencia” que están llamados a cumplir quienes ejercen funciones públicas.
En la misma presentación, la UDEC solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al concluir que no participaron del hecho investigado.
