La búsqueda incansable de la familia de Mariana Lima Buendía permitió exponer irregularidades, reabrir la investigación y sentar un precedente para las causas de violencia de género.
Cuando Irinea Buendía recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre, la explicación parecía simple. Del otro lado de la línea, el esposo de su hija le aseguró que Mariana Lima Buendía se había quitado la vida. Las autoridades llegaron rápidamente a la misma conclusión: se trataba de un suicidio. El expediente parecía destinado a cerrarse sin mayores preguntas. Pero Irinea no creyó esa versión ni por un instante.
Lo que siguió fue una lucha de más de una década contra la impunidad, las irregularidades judiciales y la indiferencia institucional. Esa batalla no solo terminó con la condena del responsable, sino que además transformó el sistema judicial mexicano.
Mariana Lima Buendía tenía 28 años y vivía en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Estaba casada con Julio César Hernández Ballinas, un comandante de la Policía Judicial estatal, que ocupaba un cargo de poder dentro de la estructura de seguridad local.
Según el relato posterior de su familia, Mariana sufría violencia de género por parte de su esposo desde hacía tiempo. Su madre aseguró que existían antecedentes de maltrato físico y psicológico y que la joven había expresado temor por su situación.
Incluso, un día antes de morir, Mariana le habría contado a su madre que estaba atravesando episodios de violencia y que había decidido terminar la relación.
Nada hacía pensar que estuviera planeando quitarse la vida. Sin embargo, el 29 de junio de 2010 fue encontrada muerta dentro de su casa.
La versión oficial: un supuesto suicidio
Desde el primer momento, Julio César Hernández sostuvo que Mariana se había suicidado. La investigación inicial avanzó bajo esa hipótesis y las autoridades prácticamente descartaron otras líneas de investigación.
Con el paso de los meses comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la forma en que se había manejado el caso. Una de las irregularidades más llamativas fue que el propio esposo de Mariana, quien trabajaba dentro de la Procuraduría, tuvo participación e influencia en momentos clave relacionados con el procesamiento de la escena y la investigación inicial.
Irinea Buendía denunció que las autoridades habían aceptado la versión del marido sin profundizar en los antecedentes de violencia doméstica y sin realizar pericias que permitieran determinar si se trataba de un homicidio.
A pesar de las objeciones, el caso avanzó hacia el cierre. En septiembre de 2011, la Fiscalía Especializada en Homicidios concluyó formalmente que Mariana se había suicidado y resolvió no ejercer acción penal contra ninguna persona.
La lucha de una madre contra el sistema
Lejos de resignarse, Irinea Buendía inició una batalla judicial para demostrar que su hija había sido asesinada.
En noviembre de 2011 solicitó la revisión de la decisión que había cerrado la causa. Ante la falta de respuestas satisfactorias, presentó distintos recursos legales y posteriormente promovió un juicio de amparo argumentando que se habían vulnerado derechos fundamentales y que las autoridades no habían investigado adecuadamente la muerte de Mariana.
La pelea fue larga y compleja. Durante años, Irinea recorrió tribunales, habló con organizaciones de derechos humanos y encontró apoyo en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que acompañó el caso y ayudó a visibilizarlo a nivel nacional.
La presión ejercida por la familia logró un primer avance importante en mayo de 2012, cuando el procurador general de Justicia del Estado de México revocó la decisión de cerrar la causa y ordenó continuar con la investigación. Sin embargo, el camino hacia la justicia todavía sería largo.
El fallo histórico de la Suprema Corte
El punto de inflexión llegó el 25 de marzo de 2015. Ese día, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica que marcó un antes y un después en la investigación de los femicidios en México.
Los ministros concluyeron que la muerte de Mariana no había sido investigada de manera adecuada y ordenaron reabrir el caso para que fuera analizado con perspectiva de género.
La Corte señaló que las autoridades tenían la obligación de examinar seriamente la posibilidad de que se hubiera tratado de un femicidio y no limitarse a aceptar la hipótesis del suicidio.
La sentencia estableció además un criterio que luego sería utilizado en todo el país: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como posible femicidio y con perspectiva de género.
El fallo también cuestionó las omisiones y deficiencias cometidas durante la investigación original y ordenó que se analizaran las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Para especialistas y organizaciones de derechos humanos, la llamada “Sentencia Mariana Lima” se convirtió en uno de los precedentes más importantes en materia de violencia de género en México.
La reapertura de la investigación
Tras la resolución de la Corte, el expediente fue reconstruido prácticamente desde cero. Peritos, fiscales y especialistas volvieron a analizar las pruebas con una mirada diferente. La investigación incorporó los antecedentes de violencia que había sufrido Mariana y revisó aspectos que habían sido ignorados durante los primeros años.
Esto permitió fortalecer la hipótesis de que la joven había sido víctima de un femicidio.
Finalmente, en junio de 2016 se imputó a Julio César Hernández Ballinas por homicidio calificado y días después un juez ordenó que continuara detenido mientras avanzaba el proceso judicial. La fiscalía lo acusó de haber estrangulado a su esposa hasta la muerte.
Aun así, la familia debió esperar varios años más para obtener una sentencia definitiva.
La condena después de 13 años
La justicia llegó recién en marzo de 2023. Luego de más de una década de recursos de amparo, audiencias y reclamos, el Poder Judicial del Estado de México declaró culpable a Julio César Hernández Ballinas por el asesinato de Mariana Lima Buendía y lo condenó a 70 años de prisión, la pena máxima prevista para este tipo de delitos.
La resolución fue celebrada por organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas de violencia de género, que consideraron el fallo como una victoria histórica contra la impunidad.
La sentencia llegó casi 13 años después del crimen y fue vista como el resultado directo de la persistencia de Irinea Buendía, quien nunca aceptó la versión oficial del suicidio y dedicó más de una década a exigir justicia para su hija.
