Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana también alerta sobre la expansión del tráfico de drogas en la isla y la presencia creciente de armas de fuego en distintos tipos de delitos
La filtración reciente de cuentas millonarias pertenecientes a GAESA en paraísos fiscales ha arrojado luz sobre cómo la élite gobernante en Cuba resguarda sus privilegios mientras descuida demandas sociales fundamentales y utiliza a los cuerpos policiales y de seguridad como instrumento principal de control represivo. En ese contexto, la ciudadanía experimenta una sensación de inseguridad agravada, atrapada no solo entre el crecimiento de la delincuencia común, sino también frente a la presión constante de un Estado represor.
Un aumento sin precedentes de la criminalidad en Cuba ha sido documentado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que reportó 1.319 delitos entre enero y junio de 2025. Esta cifra, la más alta desde que existen registros independientes, representa un crecimiento del 378% en solo dos años y contradice las declaraciones oficiales que insisten en una supuesta reducción del crimen. Mientras el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmaba a finales de julio que “la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados”, los datos recopilados por el OCAC muestran una realidad mucho más alarmante.
El informe del OCAC, publicado en agosto de 2025, se basa en la recopilación, verificación y sistematización de denuncias y reportes de crímenes difundidos en redes sociales y medios de comunicación estatales e independientes. La metodología empleada recurre a la triangulación de fuentes para minimizar errores y descartar casos no confirmados. Sin embargo, el propio observatorio advierte que la opacidad de las estadísticas oficiales y la falta de acceso a información completa generan un subregistro: las cifras presentadas solo reflejan la parte visible de un fenómeno mucho más amplio.
El análisis estadístico revela que, durante el primer semestre de este año se reportaron en promedio más de siete delitos diarios en Cuba. El desglose mensual muestra picos en marzo (276 incidentes) y abril (254), con una distribución que supera ampliamente los registros de años anteriores: de 276 delitos reportados en el primer semestre de 2023, se pasó a 432 en 2024 y a 1.319 en 2025. Este salto histórico, atribuido por el OCAC a una combinación de factores sociales y económicos, marca un récord absoluto en la serie monitoreada.
En cuanto a la tipología de los delitos, el informe detalla una diversificación significativa. El robo se mantiene como el delito más frecuente, con 721 casos en el semestre, seguido por 63 asesinatos, 61 asaltos, 38 agresiones, 198 incidentes vinculados al tráfico o consumo de drogas —categoría que se incorpora por primera vez debido a su creciente incidencia— y 238 hechos clasificados como “otros delitos”, entre los que figuran vandalismo, portación ilegal de armas y ventas ilícitas. El OCAC subraya que la emergencia del tráfico de drogas como fenómeno en expansión y la presencia creciente de armas de fuego en distintos tipos de delitos constituyen señales de alerta sobre la evolución del panorama criminal en la isla.
Diversificación delictiva: tráfico de drogas y violencia armada
El análisis por tipologías arroja datos preocupantes. Los asesinatos, con un promedio de más de diez por mes, afectaron principalmente a La Habana (14 casos), Santiago de Cuba (8), Camagüey y Ciego de Ávila (7 cada una). Entre las víctimas se cuentan 36 hombres, 24 mujeres, 3 menores y 6 ancianos, lo que evidencia el impacto transversal de la violencia. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) denunció que 16 de las 24 mujeres asesinadas en el semestre fueron víctimas de feminicidio. En seis asesinatos se emplearon armas de fuego, lo que confirma la disponibilidad de armamento letal en la comisión de delitos graves.
El robo, con 721 reportes, se concentra en provincias como Matanzas (143 casos), Las Tunas (101) y Santiago de Cuba (94). De estos, 193 estuvieron relacionados con el hurto y sacrificio de ganado, 266 afectaron a propiedad privada y 140 a propiedad estatal. El OCAC destaca que la crisis alimentaria y la escasez de productos básicos han convertido el robo de ganado en un motor directo de la actividad delictiva. En la comisión de robos participaron 886 personas, en su mayoría hombres, y en tres casos se utilizaron armas de fuego.
Los asaltos y agresiones sumaron 61 y 38 casos respectivamente, con una incidencia notable en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. Las víctimas de estos delitos incluyen a menores y ancianos, lo que, según el OCAC, refleja la ausencia de barreras éticas entre los agresores. En cuatro asaltos y varias agresiones se emplearon armas de fuego, lo que eleva el potencial de daño y la gravedad de estos hechos.
Por primera vez, el tráfico de drogas aparece como una categoría independiente, con 198 reportes en el semestre. La Habana concentra más de la mitad de los casos (109), seguida de Las Tunas (18) y Camagüey (15). El OCAC advierte que este fenómeno, antes marginal, se consolida como un problema en expansión, especialmente en zonas urbanas, y podría dar lugar a redes criminales más complejas.
La categoría de “otros delitos”, con 238 incidentes, agrupa hechos como vandalismo, tenencia ilegal de armas y ventas ilícitas. Un dato relevante es que 22 de estos delitos implicaron el uso o la presencia de armas de fuego, en un país donde la adquisición legal de este tipo de armamento por parte de civiles está prohibida. Si se suman los casos de otras tipologías, el total de delitos con armas de fuego asciende a 35 en el semestre, lo que, según el OCAC, confirma la expansión de la circulación de armamento letal en la sociedad cubana.
Perfil de víctimas, perpetradores y factores socioeconómicos
El perfil de los involucrados en la criminalidad cubana durante el primer semestre de 2025 muestra que 1.588 personas participaron en la comisión de delitos, de las cuales 1.435 eran hombres y 57 mujeres. Predominaron los delitos cometidos de manera individual (821 casos), aunque en 402 participaron dos o más personas, lo que apunta tanto a acciones impulsivas como a la existencia de redes delictivas. Las víctimas sumaron 146 hombres, 106 mujeres, 24 menores y 26 ancianos, lo que confirma el impacto transversal de la criminalidad. En cuanto a los bienes afectados, 266 delitos se dirigieron contra propiedad privada, 140 contra propiedad estatal y 193 contra ganado, reforzando la idea de que la crisis económica y la escasez de alimentos son factores determinantes en la dinámica delictiva.
El OCAC atribuye el deterioro de la seguridad pública en Cuba a una combinación de factores socioeconómicos y a la desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior (MININT) y la realidad criminal del país. Según el informe, lejos de priorizar el enfrentamiento al delito común, el MININT concentra sus recursos en la represión de la disidencia política y la vigilancia de la ciudadanía crítica, relegando la seguridad pública a un segundo plano. El OCAC sostiene que esta orientación explica el crecimiento y la diversificación de la criminalidad, a pesar de la propaganda oficial sobre supuestas “ofensivas contra el delito”.
El informe también señala que la subordinación del aparato de seguridad al control político y a los intereses económicos de la élite gobernante, en particular del conglomerado empresarial GAESA, convierte al MININT en un instrumento de poder más que en garante de la tranquilidad pública. La reciente filtración de cuentas millonarias de GAESA en paraísos fiscales, mencionada en el documento, ilustra cómo la élite preserva sus privilegios mientras desatiende las necesidades básicas de la población y utiliza a las fuerzas de seguridad como brazo represivo.
En sus conclusiones, el OCAC subraya que el deterioro de la seguridad pública es consecuencia directa de esta lógica: mientras se destinan recursos a controlar protestas y sofocar la disidencia, la delincuencia común se expande sin freno. Los datos del observatorio desmienten las declaraciones oficiales sobre una supuesta reducción del crimen y dibujan un panorama de creciente inseguridad ciudadana, marcado por la diversificación de tipologías, el aumento de la violencia armada y la profundización de factores socioeconómicos que alimentan la actividad delictiva.
En este escenario, la población cubana enfrenta una doble amenaza: la inseguridad generada por la delincuencia y la que proviene del propio aparato represivo del Estado, quedando atrapada entre dos frentes que condicionan su vida cotidiana y su libertad.
