Mientras el organismo difunde informes de inflación en baja y que una familia necesita $1.100.00 para no ser pobre, sus trabajadores actualizaron cálculos y aseguran que el salario mínimo debería ser de $1.900.000.
Días atrás, el INDEC informó que, en junio de 2025, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó $1.128.398 para no ser considerada pobre. Sin embargo, trabajadores del propio organismo advirtieron que esta cifra subestima el costo real de vida y que los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas son sustancialmente más altos.
Según un cálculo alternativo elaborado por la Junta Interna de ATE-INDEC, que agrupa a empleados del instituto, una familia tipo necesitó al menos $1.869.924 durante junio para cubrir el costo real de una canasta básica. Esta estimación contempla una canasta alimentaria de $639.836 y otros bienes y servicios esenciales (como transporte, vestimenta, salud y educación) por un total de $1.230.088.
Estas cifras casi duplican las informadas por el INDEC oficialmente, lo que encendió una fuerte discusión sobre la metodología empleada para medir la pobreza en el país y el impacto que esto tiene tanto en el diseño de políticas públicas como en la negociación salarial de trabajadores estatales.
Reclamo salarial y pérdida del poder adquisitivo
En el mismo comunicado, los trabajadores del INDEC plantearon la necesidad urgente de una recomposición salarial para el personal del sector público, al advertir que el poder adquisitivo de los empleados estatales ha caído un 27% desde diciembre de 2023. En ese período, aseguran, la inflación acumulada alcanzó un alarmante 214,5%, lo que ha erosionado severamente los ingresos frente al constante aumento del costo de vida.
“Con los actuales sueldos, muchos compañeros están por debajo de la línea de pobreza”, denunció un delegado gremial. Por ese motivo, exigen la reapertura inmediata de paritarias y la implementación de un aumento de emergencia, además del pago de un bono mensual de $150.000, destinado a todos los trabajadores estatales, sin importar el régimen contractual o el escalafón.
El reclamo no se limita a la coyuntura actual. Según los cálculos del gremio, desde diciembre de 2015 hasta junio de 2025, la pérdida total del poder adquisitivo para un trabajador estatal fue del 117%. Es decir, en términos reales, los ingresos actuales compran menos de la mitad de lo que podían comprar hace casi una década.
Críticas al Gobierno y a la opacidad de los datos
Además de los reclamos salariales, los trabajadores también pusieron en duda la calidad de los datos oficiales y advirtieron sobre la necesidad de garantizar la independencia técnica del organismo. Si bien no acusan directamente de manipulación, sí señalan que las cifras publicadas no reflejan fielmente la realidad económica que atraviesan los hogares argentinos.
En este sentido, subrayan que una estimación más realista del costo de vida es esencial no solo para definir políticas sociales efectivas, sino también para orientar la discusión paritaria de millones de trabajadores, tanto del sector público como del privado.
El conflicto expone una tensión creciente entre los técnicos del INDEC y las autoridades nacionales, que intentan sostener un relato de desaceleración de la inflación y recuperación del poder adquisitivo. Mientras tanto, los trabajadores del organismo insisten en que los datos que ellos manejan pintan un panorama mucho más complejo y crítico, especialmente para los sectores medios y bajos.
