La resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pone fin a una investigación iniciada en 2011 por una denuncia del por entonces bloque de diputados de la Alianza Frente de Todos (UCR y aliados). El organismo que conduce Gustavo Leguizamón determinó que la adjudicación de salas de juego en Castelli fue válida y ajustada a derecho.
La Cámara Contencioso Administrativa reconoció a la Laguna Argüello como sujeto de derechos y ordenó su saneamiento tras constatar un grave daño ambiental. Fue al hacer lugar a una acción de amparo en donde se responsabiliza al municipio, la APA y SAMEEP por omisiones frente a la contaminación y degradación del humedal. Además, dispuso un plan integral de recomposición ambiental con control judicial y participación interinstitucional.