A una década de la histórica movilización del 3 de junio de 2015, que visibilizó el hartazgo social frente a los femicidios y violencias de género, mujeres y disidencias volvieron a marchar este martes en el centro de Resistencia. La movilización comenzó pasadas las 17 y tuvo como consigna principal el repudio al ajuste del gobierno nacional en materia de políticas de género y diversidad.
“A 10 años de Ni una Menos. Alerta, Estado femicida”, rezaba la pancarta principal de la marcha que comenzó en el cruce de las avenidas San Martín y 9 de Julio y se dirigió por esa arteria hasta frente a Casa de Gobierno. En ese punto de la ciudad, se leyó un documento conjunto donde se denunció los despidos de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado, el desmantelamiento de áreas esenciales para la protección social, la salud, la ciencia, la producción y la agricultura familiar. “Estamos ante un plan sistemático de exclusión que deja a millones de compatriotas a la intemperie”, señalaron.
La declaración incluyó un llamado de atención a los retrocesos en materia de derechos en el último año de gestión nacional: “Las trabajadoras, en toda nuestra diversidad —jubiladas e informales, campesinas y originarias, estatales, cocineras, estudiantes, investigadoras, cuidadoras y trabajadoras de la salud— denunciamos el impacto de políticas que solo benefician la especulación financiera, el extractivismo y la dependencia. Por eso volvemos a interpelar, en este día, contra la espuria Ley Bases y el RIGI, y repudiamos a los diputados y diputadas que lo posibilitaron por su complicidad”.
También alertaron que “el ataque no es solo económico, sino también político, cultural y simbólico”. En ese sentido, repudiaron “la censura, la estigmatización, la represión, y la persecución, incluso en su forma más cruel y vergonzosa sobre los jubilados y jubiladas”. Denunciaron además la situación de las infancias y juventudes de los barrios populares, expuestas “al consumo y el abuso”, y el intento de eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) y vetar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), “medidas regresivas que, junto al discurso de odio impulsado por el gobierno, ponen en riesgo nuestras vidas”.
Uno de los puntos centrales del documento fue el rechazo a la derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos en territorios indígenas hasta que se completara el relevamiento. “Exigimos el reconocimiento de los territorios ancestrales, acceso a servicios de salud y educación en las comunidades originarias del Chaco, y la reparación histórica que estableció el fallo por la Masacre de Napalpí”.
También expresaron su repudio “a la política de Milei contra los derechos de la comunidad LGBTQ+”, y rechazaron la posible derogación de la Ley de Identidad de Género: “Es un logro fundamental que garantiza nuestra dignidad y respeto. Su eliminación sería un grave retroceso”.
En relación con la violencia de género, denunciaron una baja en las denuncias: “De los femicidios registrados en 2024, solo el 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia, y solo el 9% tenía medidas de protección. Esto es consecuencia del discurso negacionista del gobierno y del desmantelamiento de políticas públicas que desalientan a las víctimas a denunciar”.
“Nos duele que nuestra provincia siga siendo la capital de los femicidios. Nos indigna que ser niña, pobre e indígena en el Chaco signifique estar en peligro. Denunciamos la desidia del Estado, su indiferencia y su complicidad con la violencia”, afirmaron.
Por último, repudiaron los dichos del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, quienes impulsan la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal, y denunciaron el vaciamiento de la Línea 144: “Hoy solo hay dos personas por turno para atender llamadas de todo el país, y las consultas disminuyeron un 11% por el amedrentamiento que impone el gobierno”.
Con información de El Diario de la Región
