El Procurador General, Jorge Canteros, emitió un dictamen que evita pronunciarse sobre las sanciones al titular del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, denunciado por violencia laboral y abuso de poder. La decisión dejó en manos del Ejecutivo el traslado del trabajador afectado, Daniel Bittel. El caso se sustenta en audios donde Vázquez se jacta de su poder y lanza insultos contra diputados provinciales. La oposición repudió los dichos del funcionario y advirtió sobre la degradación institucional en la provincia. El oficialismo, en silencio.
En el marco de una acción de amparo por violencia laboral en el Instituto del Deporte del Chaco, que tiene como protagonista a su responsable, Fabio Vázquez, el Procurador General, Jorge Canteros, emitió el miércoles un tibio dictamen que elude pronunciarse sobre el pedido de sanciones contra Vázquez, además de dejar en manos del Poder Ejecutivo el destino del trabajador que lo denunció.
El instrumento, al que tuvo acceso LITIGIO, tiene fecha del miércoles y responde a una medida judicial presentada por el empleado de planta, Daniel Bittel, ante el Superior Tribunal de Justicia provincial. El trabajador relató haber sufrido un calvario desde el inicio de la gestión de Vázquez, que incluye violencia laboral y abuso de poder.
Entre los episodios denunciados se incluyen la desvalorización personal, comentarios humillantes, y la intensificación de las represalias luego de que Bittel promoviera reclamos laborales. Si bien no lo menciona, su pertenencia al Partido Justicialista y el hecho de que su padre haya sido titular de ese organismo hasta 2015 fueron detonantes del contexto hostil que atraviesa.
Las represalias contra Bittel consistieron en el bloqueo de su carrera administrativa, la negación de traslados, y la obstrucción de sus funciones. También menciona el bloqueo de accesos al sistema informático de auditoría, el vaciamiento de su oficina, y la desafectación irregular de la jefatura que le había sido otorgada vía decreto.
En su escrito, Sebastián Ferreyra Negri, abogado del trabajador, pidió al Máximo Tribunal de la provincia que ordene el traslado inmediato de Bittel a la Cámara de Diputados, además de una prohibición de acercamiento para Vázquez en un radio de 3 kilómetros. Asimismo, solicitó que se disponga su remoción del cargo por “el obrar violento en sus funciones”.
El dictamen del Procurador Canteros, que no es vinculante en la decisión del STJ, evalúa la medida cautelar solicitada —que acompaña al amparo— basándose en dos requisitos clave: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En relación a lo primero, considera que el comportamiento denunciado por Bittel encuadra en la definición de violencia laboral establecida por la Ley N° 2023-A, que se refiere a “toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la autoridad”.
Aclaró que esta “apariencia de derecho” no requiere la certeza absoluta, sino una demostración inicial que permita salvaguardar el derecho del demandante. En cuanto al peligro en la demora, sostiene que este requisito se cumple, ya que Bittel aportó certificados médicos que evidencian el impacto en su integridad psicofísica.
En su dictamen, el Procurador no se pronunció respecto de la prohibición de acercamiento ni sobre la eyección del funcionario. Sólo se refirió al pedido de traslado. Si bien el empleado había solicitado su inmediata transferencia a la Cámara de Diputados, Canteros determinó que esta decisión es competencia del Poder Ejecutivo. “Dado que lo peticionado en esta causa implicaría adoptar medidas que son propias de la competencia de otro poder del Estado, su procedencia debe evaluarse con criterio restrictivo y prudencial”, remarcó.
Por lo tanto, el dictamen propone que, hasta que se dicte una sentencia definitiva en el amparo, el Poder Ejecutivo disponga el traslado provisorio de Bittel a la “dependencia que estime corresponder, de acuerdo con sus facultades constitucionales”.
También destaca que, aunque el empleado no haya iniciado un procedimiento ante la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral, esto no es un impedimento para proteger sus derechos. Se subraya la necesidad de que el Estado, como garante de los derechos humanos, adopte medidas apropiadas para combatir y erradicar la violencia laboral en el empleo público.
El audio
Para respaldar su caso, Bittel presentó ante el Superior Tribunal grabaciones de audio ―cuya autenticidad fueron certificadas por un perito y una escribana― que registran advertencias hacia él por parte de Vázquez sobre posibles sumarios administrativos y presiones para desistir de reclamos judiciales a cambio de un traslado.
En el intercambio, producido el pasado 21 de mayo y difundido esta semana por esta revista, Vázquez evoca la célebre frase atribuida al rey Luis XIV (“L’État, c’est moi”), símbolo del absolutismo monárquico, al asegurar que “siendo Estado, porque yo soy Estado hoy”, no le otorgará el traslado solicitado al bloque legislativo del Partido Justicialista, en tanto persista con su pedido de promoción.
En la charla, el funcionario se jacta de su poder circunstancial y confirma el estrecho vínculo que hay actualmente entre el Poder Ejecutivo y la Justicia chaqueña. Se lo oye decir que puede “cambiar la cuestión judicial” porque desde el gobierno provincial “no hacen nada sin consultar a fiscales y jueces”.
Ante este panorama, Bittel señaló que como funcionario responsable del área deberá entonces brindarle una explicación a los legisladores respecto de la denegatoria a la afectación solicitada. La respuesta de Vázquez fue extremadamente gráfica: “Que me chupen la pija, los diputados”.
Repudios
Estas manifestaciones generaron el repudio de la oposición en el Parlamento chaqueño y el silencio sepulcral por parte del oficialismo. “Cuando insulta a los legisladores con frases como ‘que me chupen la pija los diputados’, no solo agrede a quienes representamos al pueblo del Chaco: degrada la política, corroe la institucionalidad y exhibe el modelo de gobierno que hoy tenemos en la provincia”, expresó el legislador del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel.
En el mismo sentido se pronunció su compañera de bancada, Mariela Quirós. “Un funcionario que desde la soberbia más burda plantea ‘Yo soy el Estado’, no solo es ridículo y chabacano: es peligroso. El Estado debe representarnos a todos, no puede ser el burócrata de turno que se siente dueño del poder. Este autoritarismo de pacotilla desnuda lo que estamos enfrentando”, afirmó.
“La frase de Vázquez son expresiones calumniosas e injuriosas contra la Cámara de Diputados, más aún viniendo de un funcionario que debe rendir cuentas. Fue absolutamente misógino, machirulo y atrevido”, expresó por su parte Tere Cubells, diputada provincial del Frente Grande.
La legisladora pidió una cuestión de privilegio, herramienta parlamentaria que protege las prerrogativas de los legisladores y el decoro institucional, y solicitó que actúe la Comisión de Asuntos Constitucionales, al amparo de la Ley 524-E, para evaluar la responsabilidad institucional de Vázquez. “¿Cómo es posible tener funcionarios de esta calaña que se dirigen con términos soeces y patriarcales hacia nosotres, la Cámara de Diputados?”, cuestionó.
REVISTA LITIGIO
