Un nuevo documento de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio ha sido filtrado, intensificando la presión política y judicial en torno a uno de los crímenes más graves de la historia reciente del Ecuador. La información corresponde a una versión libre rendida ante la Fiscalía por un testigo protegido, quien relató supuestos detalles sobre la planificación del magnicidio y vinculó a figuras del correísmo, operadores del crimen organizado y estructuras logísticas desplegadas en varias ciudades del país.
La filtración se produjo dos días después de la circulación de otro documento fiscal que ordenaba notificar a cinco personas por su presunta vinculación con el asesinato de Villavicencio. La más reciente revelación fue difundida por la abogada del exvicepresidente Jorge Glas, Sonia Vera, quien publicó en la red social X el contenido completo del testimonio. En su publicación, Vera acusó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de construir un “nuevo falso positivo” y afirmó que la declaración carece de pruebas, calificándola como parte de una supuesta persecución política.
En el testimonio, el testigo protegido asegura haber recibido información directa de uno de los presuntos facilitadores logísticos del crimen, quien le habría detallado que alias “General” planificó el asesinato y que el objetivo era impedir que Villavicencio llegara a la Presidencia. Mencionó que el armamento utilizado salió de Santo Domingo y fue gestionado por personas cercanas a estructuras criminales con presuntos vínculos con el empresario Xavier Jordán, actualmente procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, quien reside en los Estados Unidos y que, según una serie de chats publicados por la Fiscalía, pidió al narco Leandro Norero que silenciara a Villavicencio.
El testigo también señala que el asesinato fue discutido en reuniones privadas en el hotel Zeus de Riobamba, donde supuestamente se consolidaron los detalles de la operación. Añade que alias “Invenger” habría tenido la tarea de seguir y grabar a Villavicencio y a su equipo para facilitar el ataque. Según su relato, las armas fueron proporcionadas por bandas aliadas que operaban en la frontera norte del país.
Uno de los elementos más sensibles de su declaración es la mención a Norero, narcotraficante asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga. El testigo no lo identifica como alias “General”, pero afirma que Norero, como líder financiero de estructuras criminales, habría entregado dinero para la operación. Esto sugiere que el asesinato pudo haberse empezado a planificar incluso antes de su muerte, aunque no se detallan fechas ni pruebas documentales sobre ese aporte. La afirmación no está acompañada de elementos corroborativos, como transferencias, comunicaciones o testigos adicionales.
En el testimonio también se nombra a varios actores políticos y judiciales como supuestos participantes o conocedores del plan: Jorge Glas, José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo. Todos ellos habían sido mencionados días antes en el documento filtrado que revelaba la existencia de una indagación fiscal previa abierta el 19 de octubre de 2023 para investigar la autoría intelectual del magnicidio. Según el testigo, los involucrados formaban parte de una red con capacidad de proveer recursos, protección judicial y cobertura política.
Tras la filtración, Serrano publicó un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que rechazó de forma categórica cualquier vínculo con los hechos descritos por el testigo. Afirmó que no ha tenido contacto con el exvicepresidente Jorge Glas desde 2017 y calificó las acusaciones en su contra como “grotescas” e “inverosímiles”.
La Fiscalía General del Estado, al conocerse esta nueva filtración, emitió un comunicado advirtiendo que la divulgación de información reservada es un delito tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. En su pronunciamiento, la institución denunció que la exposición del contenido pone en riesgo la seguridad del testigo y anunció que se tomarán acciones legales contra la persona que difundió el documento. Aunque no la nombró expresamente, se entiende que se refiere a la abogada Sonia Vera, quien ya ha sido convocada a rendir su versión.
Desde el entorno de Fernando Villavicencio, la filtración fue recibida con cautela. Tras la primera divulgación de documentos reservados, Amanda Villavicencio, una de las hijas del exlegislador, expresó su preocupación por el posible impacto en el proceso judicial y por los riesgos que esto representa para las partes involucradas. No obstante, reconoció que la investigación sobre la autoría intelectual ha avanzado y pidió que se actúe con rigor y valentía para llegar a los responsables.
El asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, aún no ha sido resuelto en su dimensión más sensible: quiénes dieron la orden. Aunque varios de los autores materiales fueron asesinados en prisión, la Fiscalía continúa con una investigación bajo reserva para determinar responsabilidades más allá de los ejecutores. Las filtraciones recientes han evidenciado que existen líneas activas en torno a actores políticos de alto perfil y que el caso podría entrar en una nueva fase en las próximas semanas.
Mientras los familiares de Villavicencio exigen justicia, y sectores políticos denuncian una presunta manipulación judicial, la investigación avanza entre acusaciones cruzadas, filtraciones estratégicas y una creciente presión social. A casi diez meses del crimen, el país aún espera respuestas claras sobre quién ordenó el asesinato del periodista y por qué.
